Personas migrantes que llegan a Ciudad Juárez con la intención de continuar su camino hacia Estados Unidos pueden terminar privadas de la libertad, en una dinámica que organizaciones de derechos humanos consideran que podría estar relacionada con la transformación de las redes dedicadas al tráfico de personas.
Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), señaló que la organización ha identificado esta vulnerabilidad a partir de los rescates de personas en contexto de movilidad registrados en esta frontera.
Explicó que el reforzamiento de la frontera estadounidense ha llevado a los migrantes a buscar alternativas para ingresar a ese país, lo que los pone en contacto con traficantes que les ofrecen trasladarlos o ayudarlos a cruzar.
“Entendemos que es común que el delito inicie como tráfico, con una aceptación de las personas por ir a las casas de seguridad esperando de ahí ir a Estados Unidos y que después terminen privadas de la libertad y que se convierta en secuestro”, señaló.
La apreciación de DHIA ocurre mientras la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha reportado varios rescates de personas privadas de la libertad durante los últimos meses.
El hecho más reciente
Hasta el 27 de septiembre, la corporación había informado del rescate de por lo menos 29 personas en contextos de movilidad y la detención de 17 presuntos responsables de secuestro o privación ilegal de la libertad.
El último evento fue reportado el pasado domingo con un saldo de 11 víctimas de nacionalidades mexicana, guatemalteca, hondureña y ecuatoriana.
De acuerdo con la SSPM, los dos individuos detenidos fueron señalados como las personas que las mantenían retenidas contra su voluntad. Se indicó que las víctimas eran obligadas a realizar videollamadas con sus familiares para exigirles dinero en dólares como rescate.
Para Navarrete, todavía no está claro quiénes están detrás de esta modalidad.
Nueva fuente de ingresos
La directora planteó que una posibilidad es que las estructuras dedicadas al tráfico de personas se hayan diversificado ante las restricciones migratorias de Estados Unidos y hayan encontrado en el secuestro una nueva fuente de ingresos.
La otra posibilidad, dijo, es que se trate de células delictivas distintas.
“Desconocemos si son estructuras que han operado el tráfico y se han diversificado u otras células delictivas que están operando”, afirmó.De acuerdo con la organización, también se ha observado un cambio en el lugar donde ocurre la privación de la libertad.
“La modalidad actual que vemos es de personas privadas de la libertad cuando llegan a Ciudad Juárez; el delito lo tenemos aquí, no en otros territorios, en otros estados, como hace cuatro años”, señaló.La vulnerabilidad tampoco se limita a personas extranjeras.
Blanca indicó que actualmente también han identificado afectaciones contra mexicanos, incluidos quienes se encuentran en condiciones de migración económica o desplazamiento forzado.Las mujeres, agregó, presentan una mayor vulnerabilidad.
Señaló que a partir de relatos expuestos públicamente durante audiencias judiciales han conocido casos de violencia sexual contra mujeres en contexto de movilidad.
Señalan a autoridades
DHIA también ha advertido sobre señalamientos relacionados con la posible participación de servidores públicos en algunos casos.Navarrete mencionó acusaciones contra un agente del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración y agentes de la Guardia Nacional, y consideró necesario que las investigaciones continúen para determinar si existe alguna participación de autoridades.
Relacionó esta preocupación con los primeros casos de secuestro que se registraban fuera del Aeropuerto Internacional Abraham González y con persecuciones a conductores de plataformas digitales.
La interrogante, explicó, era cómo los responsables podían identificar que una persona que acababa de salir del aeropuerto era migrante y comenzar a seguirla.
Cuestionan canalización al INM
Otro punto de preocupación para DHIA es qué ocurre con las personas después de ser rescatadas.Navarrete señaló que en los reportes de algunos operativos de las corporaciones de seguridad se informa que las víctimas son entregadas al Instituto Nacional de Migración (INM).
A su consideración, una persona rescatada de un delito debe ser atendida primero como víctima, independientemente de su nacionalidad.
Consideró que los casos deben ser canalizados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las fiscalías, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, para garantizar la posibilidad de denunciar y acceder a la justicia
“Se asume en automático que siendo personas extranjeras el INM debe retornarles a sus países de origen antes de garantizar sus condiciones y su derecho a la justicia e interponer una denuncia”, cuestionó.
DHIA consideró que corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado establecer, mediante sus investigaciones, si existe una relación entre las redes dedicadas al tráfico de personas y los casos de secuestro, así como determinar quiénes son los responsables en cada hecho.
El sábado pasado, fueron imputadas cinco personas pertenecientes a un supuesto grupo criminal trasnacional denominado Cártel López, el cual presuntamente traficaría con migrantes desde Guatemala hasta Ciudad Juárez.
De acuerdo con las acusaciones de las autoridades mexicanas y estadounidenses, las personas migrantes serían entregadas en esta ciudad a otro grupo, presuntamente “La Línea” del Cártel de Juárez, grupo ligado también al secuestro de esta población.
About the Author
