La audiencia para revisar el cumplimiento de las condiciones impuestas a Francisco Garduño Yáñez, quien enfrenta un proceso penal por ejercicio ilícito del servicio público relacionado con el incendio de la estación migratoria, fue reprogramada para el 13 de octubre a las 12 del mediodía, luego de que el juez Víctor Manlio Hernández Calderón determinara que su presencia física es indispensable para el desarrollo de la diligencia.
El proceso contra el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentra suspendido de manera condicional, por lo que la audiencia busca revisar si ha cumplido con las condiciones establecidas para mantener ese beneficio.
La reprogramación ocurre después de que Garduño no se presentara físicamente a la audiencia del pasado 1 de septiembre en el Centro de Justicia Penal Federal.
Aunque solicitó participar de manera remota esa misma mañana, el juez no autorizó esa modalidad y estableció que, por la naturaleza y sensibilidad del caso, debe acudir personalmente a la próxima diligencia de manera obligatoria.
Al día siguiente, el excomisionado difundió a través de sus redes sociales una autorización del juez para una comparecencia virtual; no obstante, el documento exhibido sólo autorizaba a la defensa, no al imputado.
La audiencia anterior comenzó a las 9:15 de la mañana y terminó sin que pudiera desarrollarse la revisión de las condiciones.
La defensa de Garduño había sido autorizada desde un día antes para participar de manera remota, pero sus representantes tampoco se conectaron.
La inasistencia de Garduño, hoy funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), provocó que el juzgador difiriera la audiencia con fecha incierta. Fue este fin de semana cuando se dio a conocer la nueva fecha.
La ausencia del exfuncionario de Migración ocurrió mientras las víctimas realizaban gestiones para poder participar en la audiencia desde distintos países. Alrededor de una decena de sobrevivientes se conectaron de manera remota desde Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos, además de que estuvieron presentes representantes consulares de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) e integrante del equipo legal que representa a 20 víctimas directas e indirectas, señaló que tanto las personas sobrevivientes como los familiares de quienes fallecieron mantienen el interés de participar por medios electrónicos en la audiencia programada para el 13 de octubre.
El juez señaló que si el imputado vuelve a faltar a la próxima audiencia, podría ser multado.
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