Un mexicano de 29 años se declaró culpable de participar en una red de tráfico de personas que operaba a través de un túnel clandestino construido bajo la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Luis Carlos Dávalos-López admitió haber conspirado con otras personas para introducir migrantes de forma ilegal a territorio estadounidense mediante ese paso subterráneo, localizado por autoridades federales en enero de 2025. De acuerdo con documentos judiciales, el túnel fue construido por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que Washington ha designado como grupo terrorista extranjero, y era utilizado no solo para el tránsito de personas, sino también como parte de una red más amplia de tráfico de drogas y armas entre ambos países.
Llamadas telefónicas interceptadas por las autoridades revelaron conversaciones de Dávalos-López con otros implicados sobre el funcionamiento del túnel, incluyendo referencias a cobros de hasta 30,000 dólares por persona para cruzar de manera clandestina sin pasar por los puntos de inspección fronteriza. En esas comunicaciones, el acusado detallaba cuántos migrantes cruzaban por el túnel y cuánto se cobraba por su uso.
Dávalos-López y sus coacusados fueron formalmente acusados en abril de 2025. El gobierno de México, con base en su Ley de Seguridad Nacional, lo trasladó posteriormente a Estados Unidos para enfrentar el proceso. Se declaró culpable de un cargo de conspiración para el tráfico de personas y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión; aún no se fija fecha para la sentencia.
El caso forma parte de una causa más amplia contra una red señalada de operar de forma coordinada en ambos lados de la frontera. Entre los coacusados figuran María del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, quien se declaró culpable el 27 de agosto de traficar armas de fuego de Estados Unidos hacia México para entregarlas a miembros del CJNG, y Gustavo Castro-Medina, de 29 años, quien admitió haber fungido como intermediario para transferir 3,000 dólares destinados a la compra ilegal de armas.
Funcionarios de varias agencias federales —el Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas, el FBI, la ATF, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)— destacaron el caso como parte de una ofensiva conjunta contra el CJNG, al que las autoridades estadounidenses acusan de sostener una red transnacional de tráfico de drogas, personas y armas que opera a ambos lados de la frontera.
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