Una jueza federal de California le dio el jueves a Estrella del Paso y a otras organizaciones sin fines de lucro que brindan representación legal a menores migrantes no acompañados un plazo de siete días para llegar a un acuerdo con el gobierno federal sobre la forma en que recibirán los cientos de miles de dólares que aseguran que se les deben.
La audiencia se da luego de que la organización, un ministerio de la Diócesis Católica de El Paso, asegurara que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) ha retenido más de $765,000 dólares en reembolsos que se le adeudan por representar a menores dentro del sistema legal de inmigración.
En apariencia, no parece que la administración Trump esté cumpliendo con una orden judicial preliminar de 2025 que le exigía continuar financiando la representación legal de menores migrantes no acompañados, un programa que buscaba eliminar, dijo la jueza de distrito federal Araceli Martínez-Olguín durante la audiencia, realizada de manera virtual.
Sin embargo, les dijo a los abogados de los demandantes que sus reclamos necesitan estar “más plenamente desarrollados” por escrito para que ella pueda avanzar con su solicitud de que se declare al HHS en desacato al presuntamente violar la orden judicial.
El objetivo, dijo, es lograr un estatus en el que quede “absolutamente claro que el gobierno está cumpliendo”, y les dijo a los demandantes: “los tengo bajo la mira”.
La orden judicial preliminar de abril de 2025 estableció que los recortes de financiamiento por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que bajo el HHS brinda atención a menores migrantes no acompañados, violaban la Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de Trata de Personas. Esa legislación otorga protecciones físicas y legales a los menores no acompañados.
Estrella del Paso, antes conocida como Diocesan Migrant Refugee Services, se sumó al Amica Center for Immigrant Rights, al Immigrant Defenders Law Center y al Justice Action Center en su demanda presentada el 1 de julio, en la que piden a la corte que ordene al gobierno mostrar causa por la cual no debería declarársele en desacato civil.
Sin ese financiamiento, “la maquinaria de deportación del gobierno se pondrá a toda marcha”, dijo la directora ejecutiva de Estrella del Paso, Melissa López, durante una conferencia de prensa previa a la audiencia.
“Los menores a quienes atendemos suelen ser adolescentes, pero hemos representado a niños de hasta 8 meses de edad, sí, 8 meses de edad”, dijo López. Relató un caso reciente de un niño de 7 años que abrazaba un peluche después de solicitarle a un juez de inmigración la salida voluntaria.
“No conozco a muchos abogados que carguen peluches junto con los expedientes de sus casos, pero nuestros abogados sí lo hacen”, dijo López.
Estrella del Paso, fundada hace unos 40 años y que actualmente atiende a alrededor de 40,000 personas al año en una variedad de casos de inmigración, ha tenido que dejar de aceptar nuevos clientes menores de edad y ha estado operando con sus reservas de efectivo, dijo López.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La administración Trump ha argumentado ante la corte que los pagos del gobierno federal por servicios legales para menores migrantes no acompañados no son obligatorios.
En una respuesta presentada el 10 de julio sobre por qué el gobierno federal no debería ser declarado en desacato, la administración argumentó que ha actuado de buena fe y que no ha violado la orden judicial, ya que todavía tiene la intención de liberar los fondos si puede verificar que los costos cumplen con las reglas federales de contratación, muestran registros judiciales.
En la conferencia de prensa, el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, dijo que la ORR “está fallando en cuanto a proteger a menores vulnerables, y en su lugar está actuando como una agencia de aplicación de la ley”.
La administración Trump, dijo, ahora exige que la ORR entregue información sensible de los clientes de las organizaciones legales, la cual después puede entregarse a las agencias de inmigración, un punto clave de disputa para las organizaciones sin fines de lucro, que aseguran que eso compromete la privacidad y seguridad de sus jóvenes clientes.
Chiqui Sánchez Kennedy, directora ejecutiva del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, dijo que organizaciones como la suya están al borde del agotamiento, y que serán los menores quienes resulten más afectados.
“Los niños están traumatizados y cada día están más desesperados”, dijo Kennedy, y agregó que algunos están recurriendo a la autolesión para lidiar con su miedo y ansiedad.
Kennedy calificó a Texas como el “epicentro” de los arrestos del ICE, que también tiene como objetivo arrestar a menores y colocarlos en albergues de la ORR. El ICE, agregó, también está arrestando a padres y patrocinadores durante el proceso de reunificación con los menores, dejando a los niños en albergues de la ORR por periodos prolongados e indefinidos.
Cerca de 1,800 menores estaban bajo el cuidado de la ORR en junio, reporta la agencia en su sitio web, con una duración promedio de estancia de alrededor de 194 días.
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