A 990 días del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, y en marco del Día Internacional de los Derechos Humanos –que se conmemora hoy 10 de diciembre-, la justicia no está completa, denunciaron las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Fundación para la Justicia (FJEDD) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
TOMADA DE ELDIARIO.MX
“Sin justicia y reparación integral; sin reconocimiento de la calidad de víctimas de las 15 mujeres sobrevivientes y las familias de los 27 hombres sobrevivientes y los 40 fallecidos; procesos penales abiertos; cumplimiento parcial de la Recomendación de la CNDH; e integración de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado, son algunos de los pendientes del caso”, denunciaron.
A través de un comunicado conjunto, las tres agrupaciones que apoyan a las víctimas y a sus familias destacaron que la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición continúa siendo una deuda pendiente para las 82 víctimas del incendio ocurrido en la estancia migratoria del puerto fronterizo Lerdo, el 27 de marzo de 2023.
“A más de dos años de la tragedia, el caso no está cerrado y las obligaciones del Estado mexicano siguen vigentes.
La investigación y siete procesos penales permanecen en curso, respecto a once imputados del Instituto Nacional de Migración (INM), la empresa de seguridad privada y las personas migrantes”, señalaron.
Exigieron nuevamente “que las 15 mujeres sobrevivientes obtengan el reconocimiento de su calidad de víctimas, lo cual permitiría su participación plena en los procesos penales y el acceso a medidas de reparación del daño, incluyendo apoyo psicológico, atención médica y compensación económica.
Del mismo modo, insistimos en que las familias de las víctimas sobrevivientes y familiares de los migrantes fallecidos deben acceder a medidas de reparación integrales”.
Reconocieron que la disculpa pública dada en septiembre pasado por el excomisionado de migración, Francisco G. Y., constituye un avance, pero dijeron que es limitado dentro del cumplimiento parcial de las medidas de reparación ordenadas por el juez para que continúe la suspensión de su proceso penal.
Y, en caso de incumplimiento, se podrá revocar dicha suspensión y continuar con el juicio penal.
También lamentaron que el juez trasladara la responsabilidad de la organización del acto de disculpa pública a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a solicitud de la defensa del imputado, lo que envía el mensaje equivocado de que el Estado carga con responsabilidades de particulares, en este caso, que corresponden directamente al extitular del INM.
“En el evento, las víctimas reiteraron que la ceremonia pareció orientada más a cumplir un requisito legal que a ofrecer disculpas reales, sentidas y respetuosas a los sobrevivientes y a las familias de quienes fallecieron.
Debe reiterarse que la disculpa pública fue sólo una de las medidas ordenadas por el juez, continuando pendiente la obligación de garantizar la reparación integral a los 40 migrantes fallecidos y los 27 hombres sobrevivientes, en su calidad de imputado y no a cargo del Estado”, externaron.
Las medidas de reparación del excomisionado serán revisadas en la audiencia programada para septiembre de 2026; sin embargo, sigue pendiente la resolución de un amparo interpuesto tras la decisión judicial de otorgarle la suspensión condicional del proceso al imputado.
“Recordamos que a diferencia de Francisco G. Y., que únicamente fue acusado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, las demás personas procesadas fueron acusadas por los delitos de homicidios y lesiones, lo cual evidencia las desigualdades del acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas”, señalaron.
También denunciaron que el proceso de demanda de responsabilidad patrimonial del Estado aún se encuentra en etapa inicial ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actualmente solo se contempla a una parte de las víctimas y se encuentra pendiente la respuesta formal por parte del INM.
“Continuaremos dando seguimiento a las próximas audiencias, fundamentales para garantizar el avance del caso, así como al cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a la Secretaría de Gobernación, a Relaciones Exteriores, y al entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G. Y., por graves violaciones a los derechos humanos, al trato digno, a la vida, a la integridad y a la seguridad personal”, apuntaron.
“A más de dos años, no conocemos los avances de la implementación, ni existen indicios de informar al respecto, a pesar de haberse solicitado formalmente por los representantes de las víctimas.
En este Día de los Derechos Humanos, aún hay responsabilidades pendientes del Estado en el caso, por lo que reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición.
Cada paso es indispensable para dignificar a las víctimas y para que una tragedia como la de Ciudad Juárez no vuelva a ocurrir”, agregaron.DHIA, FJEDD y el IMUMI destacaron también que ninguna persona, independientemente de su nacionalidad, debe morir por buscar mejores condiciones de vida, “mucho menos por no abrirles una puerta”.
About the Author
