
La frontera norte será uno de los principales escenarios de aplicación del nuevo acuerdo entre la Secretaría de Economía, la Semarnat y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que prohíbe la importación definitiva de vehículos de carga usados con motor diésel de más de 10 años de antigüedad.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, marca un cambio estructural en la política de transporte de carga y busca detener la entrada de unidades obsoletas provenientes de Estados Unidos, muchas de ellas destinadas históricamente a operar en corredores logísticos de Chihuahua, Nuevo Laredo y Baja California, donde se concentra el tránsito internacional de mercancías.
En Chihuahua, donde circula más del 12% del parque nacional de camiones pesados, la aplicación de las nuevas normas ambientales implicará un cambio profundo en el mercado regional del autotransporte.
Las aduanas de Ciudad Juárez, Ojinaga, Santa Teresa y Guadalupe-Tornillo serán clave para verificar que las unidades importadas cumplan con los nuevos estándares: motores de máximo 10 años de antigüedad y bajas emisiones contaminantes.
De acuerdo con la Canacar, esto permitirá renovar las flotas que operan en cruces fronterizos, fortalecer la seguridad vial y reducir la contaminación atmosférica en ciudades como Juárez, que padecen altos niveles de partículas finas (PM2.5) por el tránsito de carga pesada.
“Modernizar la flota mexicana no es sólo un tema ecológico, sino de competitividad nacional. La frontera norte debe ser ejemplo de transporte limpio, seguro y eficiente”, afirmó Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de Canacar.
¿Por qué surge la nueva norma?
Durante años, México permitió el ingreso de camiones pesados usados sin control de antigüedad ni verificación ambiental. Miles de unidades —principalmente procedentes de Estados Unidos— superaban los 15 o 20 años de uso, con tecnologías anteriores a las normas Euro IV o EPA 2007, altamente contaminantes.
Esa práctica generó desequilibrios económicos en el sector transportista, afectó la competitividad de las empresas nacionales y deterioró la calidad del aire en las principales rutas fronterizas.
El acuerdo actual corrige ese vacío legal, al establecer controles ambientales y tecnológicos que impiden la internación de motores obsoletos, un paso que, según la Secretaría de Economía, reducirá hasta 90% las emisiones contaminantes de las unidades pesadas.
Visión federal y compromiso ambiental
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que “se acabó la importación de vehículos que no cumplen con las normas ambientales”, cumpliendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Este acuerdo limita la entrada de camiones antiguos e inseguros, mejora la seguridad vial y protege la salud de la población”, destacó.La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, señaló que el transporte de carga es uno de los sectores que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.“Aspiramos a una economía que crezca sin contaminar.
Este acuerdo es clave para descarbonizar la economía mexicana y garantizar aire limpio en nuestras ciudades fronterizas”, afirmó.Martínez Millán destacó que el acuerdo representa una solución integral que equilibra la competitividad y la sustentabilidad, y reconoció el trabajo conjunto del Gobierno federal, el sector empresarial y la industria automotriz.
La medida, añadió, fortalece la producción nacional, preserva empleos y alinea al país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
En regiones como Chihuahua, donde el transporte es motor de la economía fronteriza, la regulación abre la puerta a una renovación logística más moderna y limpia, alineada con la estrategia de ‘nearshoring’ y con los nuevos estándares internacionales del comercio estadounidense.

