Al igual que el PRI y el PAN cuando estuvieron en la Presidencia, Morena enfrenta una crisis estructural con las denuncias de corrupción en el ejercicio del poder y de asociación de miembros fundamentales de su estructura con diversas organizaciones criminales.
Morena cumplió 15 años el pasado 2 de octubre en los cuales, de manera vertiginosa, creció en cantidad de militantes y en poder hasta llegar a la cúspide presidencial en 2018 con su creador Andrés Manuel López Obrador al frente. Hoy enfrenta un grave problema que amenaza no sólo su poderío sino su existencia: la corrupción y la colusión con el crimen organizado de muchos de sus miembros en todos los niveles de gobierno y en los poderes legislativo y judicial.
Al igual que el PRI y el PAN cuando estuvieron en la Presidencia, Morena enfrenta una crisis estructural con las denuncias de corrupción en el ejercicio del poder y de asociación de miembros fundamentales de su estructura con diversas organizaciones criminales.
Pero también, y eso es lo más preocupante, es el hecho de que muchos de ellos son responsables de haber formado agrupaciones delictivas con ganancias multimillonarias, como es el caso del huachicol fiscal, de donde se ha denunciado en investigaciones periodísticas, salieron fondos para las campañas de 2021 y 2024.
Como parte del ejercicio de rendición de cuentas del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a puerta cerrada en el Senado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no pudo dejar de reconocer la amenaza de un nuevo arribo de narcocandidatos par las elecciones de 2027.
Este temor también fue expresado en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y en la dirigencia nacional de Morena por Ariadna Montiel.
El recelo de que el crimen organizado esté presente en la elección de 2027 fue manifestado por la presidenta Sheinbaum, quien pidió a la dirigente de Morena tener mucho cuidado y revisar a todos los aspirantes a las gubernaturas, diputaciones federales y estatales, así como a las presidencias municipales.
La amenaza de la colusión de candidatos y narcos es tan real que incluso desde septiembre del año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, admitieron en la conferencia mañanera realizada en Chiapas que se trabaja de manera conjunta en una mesa con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las áreas de inteligencia para concretar el mecanismo establecido en la ley.
En esa conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta comisión, pero aclaró que las revisiones responderán únicamente a la información oficial de las dependencias mexicanas, descartando que decisiones unilaterales extranjeras, como la revocación de visas por parte de Estados Unidos, influyan en el proceso electoral.
Este temor también lo comparte el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia, que forman parte de una comisión que quedó formalmente instalada el pasado 7 de septiembre y se integra por tres de los consejeros electorales: Norma de la Cruz Magaña, Arturo Chávez López y Uuc-kib Espadas Ancona.
En su sesión del lunes 5 de octubre el INE avaló crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas creada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con la que se busca evitar narcocandidatos de cara al proceso electoral de 2027.
No es para menos ese resquemor, pues la presencia del crimen organizado en el proceso electoral en 2024 dejó un saldo de 41 políticos asesinados y 10 secuestrados.
Y ahora que Morena cumple 15 años y la presidenta Claudia Sheinbaum dos años de gobierno, la sombra del narcotráfico está más que manifiesta, pues hay múltiples denuncias de que ya está incrustado en el partido y en el gobierno, pero sobre todo que puede incidir en las elecciones con amenazas, dinero o presión a los aspirantes.
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