La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió un cambio inmediato en la estrategia nacional de seguridad ante el avance de la extorsión en el país, alertando que este delito se ha convertido en una estructura de control económico que asfixia a miles de negocios y deteriora la vida en numerosas comunidades.
El organismo señaló que la extorsión dejó de ser un delito aislado para operar como un mecanismo que define quién puede trabajar, invertir o permanecer en su localidad. Advirtió que las mipymes son las más afectadas, al enfrentar cobros que destruyen empleos y provocan migración.Expuso que México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión este año, un alza de 5.2 por ciento.
En los municipios fronterizos, acotó, el delito creció 15.2 por ciento, sin contar la cifra negra derivada del miedo a denunciar y de la desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia.
El organismo exigió a la Federación una estrategia integral contra la extorsión, con visión de Estado y coordinada más allá de ciclos políticos. Pidió acciones para desmontar redes de colusión que permiten que este delito avance sin consecuencias y afecte a comunidades enteras.
Demandó a congresos y autoridades locales armonizar leyes y presupuestos para fortalecer la capacidad institucional.
Además, urgió al Senado a dictaminar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, al considerarla fundamental para unificar criterios y robustecer fiscalías.
A los gobiernos estatales y municipales, Coparmex les pidió depurar, capacitar y fortalecer a sus cuerpos policiales.
Subrayó que no hay estrategia posible sin presencia territorial ni corporaciones confiables, pues la seguridad es la base del desarrollo económico y social del país.
El organismo adelantó que acompañará los esfuerzos con diagnósticos territoriales, pactos locales por la paz y programas de atención a víctimas.
Señaló que la sociedad debe participar activamente para recuperar la confianza, exigir resultados y reconstruir el tejido social en cada comunidad.
Concluyó que México no está condenado, pero requiere decisiones valientes y coordinación real. Afirmó que no normalizarán el miedo y que es momento de actuar con responsabilidad histórica para que el país pueda vivir en paz y recuperar la esperanza con hechos, no solo discursos.
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