Líderes comunitarios de Anapra anunciaron que promovieron un amparo colectivo que reúne alrededor de 100 casos de presuntos embargos irregulares y cobros excesivos realizados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).
Además, advirtieron que presentarán una denuncia penal contra funcionarios de la dependencia por el cobro de agua “al tanteo”, práctica que, aseguraron, fue reconocida públicamente por un exdirector en 2017.
En rueda de prensa, Martín Aguilar Perón, representante del Frente de Justicia Social, dijo que la JMAS incurre en prácticas de cobros sin medidor, deudas inventadas y amenazas de embargo, incluso en terrenos baldíos o viviendas que no cuentan con servicio.
Afirmó que en una sola visita a la oficina encontraron al menos 10 casos de usuarios sin medidor ni conexión que recibían facturas de miles de pesos.Acusó también que la dependencia ofrece descuentos del 90 por ciento a los residentes de Anapra, en el norponiente de la ciudad, pero al llegar a ventanilla únicamente les aplican entre el 30 y 50 por ciento, lo que calificaron como una simulación.
Relató casos de adultos mayores y trabajadores que, pese a acudir a las citas asignadas, son rechazados bajo pretextos administrativos.
Se solicitó al área de comunicación social de la JMAS una postura, pero al cierre de esta edición no brindó respuesta.
Un pastor de Anapra aseguró que existen viviendas ya en proceso de embargo, mientras que los supuestos remates de la JMAS no cuentan con procesos jurídicos claros y han terminado con inmuebles “abandonados” que quedan en manos de funcionarios.
Los dirigentes afirmaron que la práctica de cobrar el agua al tanteo, sin medición real, constituye un delito por parte de funcionarios públicos al implicar un cobro sin consentimiento y sin sustento técnico.Advirtieron que por ello presentarán una denuncia penal adicional al amparo en curso.
El abogado que encabeza el proceso legal indicó que la pretensión final es que se derogue la Ley del Agua de Chihuahua, al considerarse inconstitucional, y recordó que ya existe una sentencia previa en ese sentido.
Agregó que los funcionarios que incumplan las suspensiones del amparo podrían ser inhabilitados de tres a cinco años.Anunciaron que seguirán promoviendo nuevos amparos cada semana hasta cubrir toda la ciudad y que otras regiones del estado han solicitado sumarse ante lo que describen como un problema generalizado de cobros irregulares.
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