El aseguramiento de dos menores de edad en un centro comercial de Ciudad Juárez, registrado ayer, derivó de una denuncia que permitió la intervención de autoridades y su traslado a instancias de protección.
Enrique Serrano, titular del Consejo Estatal de Población (COESPO) en la ciudad, informó que los niños fueron conducidos a la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia.
Señaló que este tipo de casos no se limita a la población migrante, pues también se presentan entre ciudadanos mexicanos, y que los abusos pueden ser de tipo sexual, laboral, psicológico o físico.
Añadió que la prevención y atención requieren la acción conjunta de los tres niveles de gobierno y de la sociedad, ya que muchas agresiones ocurren dentro de los hogares y sólo pueden detectarse mediante la denuncia de familiares, vecinos o personas cercanas.
De acuerdo con la información oficial, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Combate al Delito de Trata de Mujeres, Niñas y Niños de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, acudieron al exterior de una plaza comercial ubicada en la avenida Adolfo López Mateos y bulevar Óscar Flores, donde localizaron a dos menores de 7 y 5 años de edad, originarios de Venezuela y Colombia.
Los agentes actuaron ante la posibilidad de que los niños se encontraran realizando trabajo o mendicidad forzada, por lo que fueron trasladados a las instalaciones de la FEM para su valoración por personal de psicología y medicina legal.
Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía en la Zona Norte, precisó que la madre de los menores, de nacionalidad venezolana, y su pareja sentimental, también de origen extranjero, fueron presentados ante la autoridad y posteriormente quedaron en libertad, ya que hasta el momento no existen elementos que los acusen directamente.
Indicó que la madre deberá iniciar un proceso de recuperación de la custodia de los niños, mientras que la pareja no tiene derecho a este trámite por no ser el padre biológico.
El personal especializado determinó que los menores presentan antecedentes de violencia y delitos sexuales, por lo que permanecen bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El agente del Ministerio Público continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos.
Serrano puntualizó que en esta intervención participaron diversas instancias, aunque no se solicitó apoyo al COESPO.
Reiteró que la colaboración ciudadana es esencial para la detección y atención temprana de casos de abuso infantil y que, en caso de confirmarse los delitos, la ley debe aplicarse sin distinción de nacionalidad.
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