El jueves 26 de junio, un reporte al 911 sobre olores fétidos en un vehículo estacionado frente a un inmueble en la colonia Granjas Polo Gamboa, fue el parteaguas de un evento sin precedentes: el hallazgo de 386 cuerpos hacinados y estado de descomposición dentro del ahora conocido como crematorio Plenitud.
A 30 días del hallazgo, ha habido algunos avances, tanto en lo jurídico con personas detenidas, como en la identificación de los cuerpos, sin embargo, para las víctimas del fraude, el enojo y la frustración continúa, a tal grado que han hecho varias manifestaciones a lo largo de esta semana.
Prólogo de cuento de terror
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron los primeros que atendieron el reporte y confirmaron el hallazgo de un cuerpo dentro de un vehículo modificado como carroza fúnebre. Los elementos Investigadores acudieron al cruce de las calles Tapachula y Colima y tras ingresar, se encontraron con una escena propia de cuento de terror, alrededor de 60 cuerpos hacinados y en estado de descomposición.
Debido a las condiciones climáticas de las fuertes lluvias ocurridas a lo largo de la tarde, el crematorio quedó únicamente resguardado ya que los peritos no podrían procesar la escena en el momento.
Fue hasta la mañana del viernes que se conformó un equipo especial de peritos y llegaron al crematorio para realizar la investigación; al paso de las horas continuaban hallando más cuerpos. Al cierre de la jornada, tenían un conteo preliminar de alrededor de 260 cadáveres, algunos con un antiguedad cadavérica de dos años o más.
El domingo, los agentes concluyeron la investigación, se determinó que los cuerpos no tenían huellas de violencia, por lo que comenzó el proceso para meter cada uno de los cadáveres dentro de bolsas para acomodarlos dentro de camiones refrigerados; fue en este punto que se lanzó la primera cifra oficial: 383 cuerpos que debieron haber sido cremados.
Al paso de los días y con el proceso forense correspondiente, la cifra aumentó a 386, ya que se localizaron restos de un óbito (aborto) y tres infantes, de los que uno estaba en reducción esquelética.
Los camiones refrigerados con los cuerpos fueron llevados a los patios del Servicio Médico Forense (Semefo), donde proseguían las labores de individualización, sin embargo, a finales de julio los cuerpos fueron trasladados a la cámara frigorífica de Perches, la cual fue construida debido a la emergencia sanitaria del covid-19.
386 tragedias con solo 27 nombres
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya ha identificado a 27 personas y se tienen a 48 con nombre probable, lo que significa que faltan por individualizar a 311 cuerpos. La FGE también informó que ya fueron entregados 13 cuerpos a sus familiares, dos más fueron notificados y permanecen 12 por notificar a los deudos para proceder con su liberación.
Aunque para Dora Elena Delgado, representante del colectivo “Justicia para Nuestros Deudos”, el ritmo de trabajo es todavía muy lento. La activista asegura que 27 cuerpos en un mes significa que la fiscalía tardaría hasta 2 años en terminar todo el proceso completo. “Hablamos de cerrar el dolor y la espera de las familias. Necesitamos celeridad”, expresa.
Del total de los cuerpos encontrados, 213 son hombres y 165 son mujeres, así como ocho indeterminados por su estado de reducción ósea. Están 181 en proceso de rehidratación para poder tomarles huellas dactilares y cotejarlas con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) y con esto lograr individualizarlos.
En búsqueda de justicia
José Luis A.C., señalado como dueño del crematorio, y Facundo Teófilo M.R., trabajador del sitio, permanecen en prisión preventiva luego de ser vinculados a proceso por la presunta comisión de delitos de inhumación, exhumación e irrespeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.
Luego de la vinculación de los imputados, el juez otorgó un plazo de seis meses para que los agentes del Ministerio Público puedan realizar la investigación complementaria.
Las funerarias Latino Americana y Del Carmen, dos de las seis que usaban los serviciso del crematorio Plenitud, fueron suspendidas por las autoridades, sin embargo, la investigación destapó más irregularidades, esoecialmente en Del Carmen, lo que dejó a dos personas más arrestadas.
En la funeraria Del Carmen, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Níquel, fueron localizados dos cuerpos más que debieron ser cremados, pero que se conservaron y se hizo entrega de cenizas falsas a familiares. Derivado de este hallazgo, la FGE cateó el domicilio de uno de los copropietarios y se hallaron tres cuerpos más que fueron asegurados para la posterior entrega a sus deudos.
La Unidad de Delitos Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública ha recibido nueve denuncias por el delito de fraude contra diversas funerarias.
Hasta el momento ningún titular de las autoridades encargadas de vigilar el funcioamiento de crematorios y funerarias ha sido acudado o cesado del cargo.
El calvario
Alrededor de mil 700 personas han sido atendidas por FGE en el rubro de la posible presencia de algún familiar entre los cuerpos, incluso se abrió un apartado de la plataforma de Justicia Digital para facilitar el proceso, pero en su desesperación, varias decenas de afectados formaron el colectivo “Justicia para Nuestros Deudos”.
El sábado por la tarde, el grupo realizó una manifestación pacífica en la cual tomaron las garitas del puente Santa Fe y por poco más de dos horas permitieron que los usuarios pasaran rumbo a los Estados Unidos sin realizar el pago del peaje.
Delgado, representante del colectivo, solicitó a las autoridades la ampliación del personal forense para lograr agilizar la individualización de los cuerpos restantes y que con esto las familias puedan tener su cierre.
“Esta lucha es por todas las personas afectadas. Somos un colectivo que ha alzado la voz y señalado a las instituciones involucradas, pero estamos gestionando para todas las familias, no solo las que ya han sido identificadas”, dijo Delgado.
Durante pasado viernes los miembros del colectivo iniciaron una manifestación al exterior de la funeraria Luz Divina y dieron seguimiento a la agenda de la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván para hacerle llegar un pliego petitorio en el cual, solicitan una reforma a la Ley general de Salud para incluir el derecho a la dignidad post mortem.
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