Antes de un ataque grave pueden existir amenazas, celos extremos, control, aislamiento, humillaciones y otras conductas que permiten identificar situaciones de riesgo, señaló Érika Espinoza, abogada penalista especializada en derechos humanos y perspectiva de género.
La declaración surge luego de que en los últimos días se registraron en Ciudad Juárez un asesinato de una mujer que fue encontrada desmembrada al suroriente de la ciudad y dos casos de tentativa de feminicidio, uno de ellos contra una niña.
Con los dos asesinatos registrados en septiembre, suman 39 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez durante 2026, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La cifra se distribuye en tres víctimas durante enero, tres en febrero, tres en marzo, cuatro en abril, cuatro en mayo, 10 en junio, tres en julio, siete en agosto y dos en lo que va de septiembre.
En uno de los casos de tentativa, Miriam N. C., de 27 años, fue atacada con un cuchillo por su pareja sentimental durante la madrugada del 13 de septiembre.
En la audiencia de imputación, se expuso además que la mujer había sufrido aproximadamente cinco meses antes un intento de estrangulamiento por parte del mismo hombre.
Para Espinoza, antecedentes como éste deben ser considerados señales de riesgo, particularmente cuando existen amenazas de muerte, estrangulamiento o utilización de armas.“La violencia grave rara vez comienza con la agresión más extrema”, señaló.
Explicó que antes pueden presentarse conductas como control, aislamiento, humillaciones, amenazas, violencia sexual, vigilancia, control económico, agresiones físicas o celos extremos.
“Tenemos que dejar de romantizar los celos. Los celos no son amor; cuando implican posesión, vigilancia y control son una señal de violencia”, afirmó.
La abogada también llamó a dejar de considerar la violencia dentro de una relación como un asunto privado, pues familiares, amistades y vecinos pueden intervenir mediante acciones como llamar al 911, denunciar o acompañar a la víctima para construir una red de protección, sin ponerse físicamente en riesgo.
También pidió evitar juzgar a las mujeres que regresan con sus agresores, al señalar que salir de una relación violenta puede estar acompañado de miedo, amenazas, dependencia económica, aislamiento, hijos y años de violencia normalizada.“No estás sola.
Otras más lo han logrado”, expresó como mensaje para las mujeres que viven violencia.
Espinoza llamó a dejar de normalizar las distintas formas de violencia contra las mujeres, al indicar que desde la infancia se pueden reproducir conductas que posteriormente forman parte de relaciones violentas.
Protección a menores
Uno de los casos recientes involucra a una niña, situación que, de acuerdo con la abogada, requiere una protección reforzada por parte del Estado.
Explicó que además de la perspectiva de género debe aplicarse la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, debido a que las personas menores de edad requieren investigaciones especializadas, protección integral y medidas que eviten su revictimización.
Consideró además necesario reconocer que la violencia contra niñas y niños también puede ocurrir dentro de entornos de confianza y que la sociedad debe dejar de asociar el peligro únicamente con personas desconocidas.
Prevención antes del delito
Espinoza señaló que combatir el feminicidio no debe limitarse a detener y sentenciar a los responsables después de que ocurre una agresión, sino que las políticas públicas deben intervenir antes.
Dijo que se requiere prevenir la violencia desde la infancia, cuestionar estereotipos de género, enseñar formas no violentas de resolver conflictos y detectar de manera temprana los factores de riesgo.
En el ámbito institucional, planteó que cuando existen antecedentes de estrangulamiento, amenazas, armas, persecución, violencia sexual, control extremo o escalamiento de las agresiones, esa información debe generar una respuesta inmediata.
“Fiscalía, Policía, juzgados y las instituciones de atención a las mujeres no pueden funcionar como compartimentos aislados”, sostuvo.
Sobre las medidas de protección, destacó que existen herramientas legales como la separación del agresor del domicilio, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, el auxilio policial y restricciones relacionadas con armas, dependiendo de cada caso.
Sin embargo, cuestionó que la existencia de una medida en un documento sea suficiente para garantizar la seguridad de una víctima.“Una orden de protección tardía no protege.
Una llamada de emergencia atendida horas después no previene. Una valoración de riesgo que se queda en un expediente no salva vidas”, afirmó.
La especialista sostuvo que la eficacia de las medidas debe evaluarse por su resultado en la realidad y no solamente por la existencia de protocolos y leyes.
“El objetivo de una política pública contra el feminicidio no puede ser únicamente investigar correctamente a una mujer asesinada.
También debe ser evitar que la siguiente mujer sea asesinada”, concluyó.
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