Chihuahua.- Las becas y apoyos económicos no son suficientes para proteger a los jóvenes si no se acompañan de educación, oportunidades y medidas para impedir su captación por grupos delictivos, advirtió la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), Fernanda Martínez, quien llamó a fortalecer las políticas públicas destinadas a este sector y a tipificar a nivel federal el reclutamiento forzado.
La funcionaria sostuvo que el problema de las juventudes no puede reducirse a la entrega de recursos, pues un estudiante puede recibir una beca y, al mismo tiempo, encontrarse expuesto a un sistema educativo deficiente, a la falta de oportunidades o a la violencia criminal.
“El gobierno federal piensa que con eso ya estuvo, ya ayudé a los jóvenes de México, ya con eso van a salir adelante, ya con eso van a crecer cuando tienes a un estado, a un sistema educativo cayéndose a pedazos”, afirmó.
Martínez reconoció que los apoyos económicos pueden ser indispensables para algunos estudiantes y sus familias, pero consideró insuficiente asumir que el problema de las juventudes queda resuelto con una transferencia económica.
“Si yo les puedo decir que los jóvenes representamos en Chihuahua más de la mitad de la población, imagínense en México”, señaló.
La directora del Ichijuv vinculó esta situación con el riesgo de reclutamiento por parte de organizaciones criminales. “Gracias, me diste mi beca, pero luego salgo y me recluta el crimen organizado”, planteó al ejemplificar los límites de una política centrada únicamente en los apoyos económicos.
El problema, sin embargo, rebasa las declaraciones de funcionarios estatales. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano han advertido que en México no existe todavía un tipo penal específico para el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Esa ausencia también dificulta conocer la dimensión real del fenómeno.
De acuerdo con un análisis de REDIM basado en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad en el país por delitos en los que suele estar involucrada la delincuencia organizada. La organización considera que esa población constituye un universo de probables víctimas de reclutamiento, aunque advierte que las cifras no equivalen directamente al número de menores reclutados.
Chihuahua aparece entre las entidades con mayor incidencia de este fenómeno: concentró 8.8 por ciento de los adolescentes privados de la libertad por delitos asociados con la delincuencia organizada durante 2024, solo detrás del Estado de México, con 18.5 por ciento, y Sonora, con 13.9 por ciento.
En el caso de Chihuahua, el mismo análisis registró 29 adolescentes privados de la libertad por delitos de feminicidio u homicidio; 54 por secuestro y desaparición forzada; seis por robo de vehículo y dos por delitos relacionados con la posesión y acopio ilícito de armas. Estos registros forman parte de la metodología utilizada por REDIM para aproximarse al fenómeno del reclutamiento, pero no constituyen por sí mismos casos comprobados de captación criminal.
La organización Reinserta, dedicada a la atención de niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia, estima que entre 140 mil y 250 mil menores de edad se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado en México. Además, reporta que más de 40 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos violentos cada año.
El vacío legal ha sido señalado también desde el ámbito legislativo. En abril de 2025, el diputado local Pedro Torres Estrada presentó en el Congreso de Chihuahua una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de combatir el reclutamiento forzado de menores por parte de la delincuencia organizada. La propuesta fue turnada a comisiones y recibió adhesiones de legisladores del PAN y del PVEM.
Torres Estrada sostuvo entonces que el reclutamiento constituye una grave violación de derechos humanos y planteó sanciones de tres a seis años de prisión, además de multas, para quienes procuren, induzcan, faciliten o recluten a menores para incorporarlos a actividades delictivas, violentas o relacionadas con organizaciones criminales.
A nivel federal también se han presentado diversas propuestas. La Cámara de Diputados discutió durante 2026 iniciativas para incorporar el reclutamiento forzado de menores a la legislación nacional. Una de ellas plantea reconocerlo como delito autónomo y considerar víctima a toda persona menor de 18 años reclutada, aun cuando exista un supuesto consentimiento, además de establecer penas específicas para quienes realicen esta conducta.
El debate legislativo continuaba este mes. El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó el 9 de septiembre que existen avances en la Comisión de Justicia para tipificar el reclutamiento forzado y que hay consenso entre distintos grupos parlamentarios. Su propuesta plantea penas de 10 a 20 años de prisión, con agravantes que podrían elevarlas hasta 40 años cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, entre otros grupos considerados vulnerables.
“Hay una laguna jurídica, porque no estamos hablando ni de corrupción de menores ni de trata de personas, el delito es reclutamiento forzado”, sostuvo el legislador.
Para Martínez, la respuesta no debe concentrarse únicamente en modificar las leyes una vez que los jóvenes ya fueron captados, sino en generar condiciones que reduzcan su vulnerabilidad. Por ello pidió que la política pública priorice la educación, el pensamiento crítico, la ciencia y la tecnología, así como oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos y aspiraciones profesionales.
“La juventud chihuahuense y la juventud mexicana está en las ciencias y en las tecnologías”, afirmó, y puso como ejemplo a estudiantes de Chihuahua que participan en intercambios, desarrollan proyectos de innovación y buscan oportunidades en instituciones internacionales.
La directora del Ichijuv consideró que la eventual tipificación del reclutamiento sería solo una parte de la respuesta frente a un problema que, a su juicio, también exige mejorar las condiciones educativas y sociales de las nuevas generaciones.
“Hay cosas tan importantes que deben de hacerse”, dijo al referirse al reclutamiento de menores, y sostuvo que entregar apoyos económicos sin atender las condiciones de fondo deja abierta la posibilidad de que los jóvenes continúen expuestos a otras formas de violencia y captación criminal.
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