Comunidades originarias de Ohuira advirtieron que la instalación de una planta de amoniaco en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, pone en riesgo la vida de cientos de miles de personas y acusaron al Gobierno federal de simular una consulta indígena, al no cumplir con las condiciones para garantizar que fuera libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, Gobernador tradicional de Ohuira, acudió hoy al Zócalo de la Ciudad de México junto con integrantes de organizaciones civiles que se oponen al proyecto que desarrolla Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), para solicitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum que frene la obra.
Con ayuda de dos escaladores profesionales y Greenpeace, subieron al asta bandera monumental de la plancha capitalina y colocaron una lona que le demandaba la protección del puerto marítimo, pesquero y turístico que se ubica en Ahome.De acuerdo con Montaño, la manifestación de impacto de riesgo del proyecto contempla distintos escenarios ante una eventual fuga de amoniaco. Si ésta se prolongara durante cinco minutos, la zona de afectación alcanzaría 15 kilómetros y podría provocar la muerte inmediata de alrededor de 165 mil personas. En un escenario de 15 minutos, el gas podría extenderse hasta 45 kilómetros y causar la muerte de hasta 450 mil habitantes.
“Estamos hablando de 45 kilómetros donde morirían 450 mil habitantes del municipio de Ahome. Falta que te hable del municipio de Guasave, del municipio del Fuerte, porque siguen los daños colaterales. En un radio de 15 kilómetros, 165 mil habitantes nos moriríamos. A un radio de 45 kilómetros, 455 mil habitantes morirían. Prácticamente desaparece lo que es el municipio de Ahome”, declaró en entrevista.
Asimismo, la autoridad local reconoció que se han tenido pláticas con representantes del Gobierno federal; sin embargo, hasta ahora no se ha identificado un mecanismo de evacuación efectivo.”No podemos anteponer un proyecto ante la vida de las personas. Si la bahía produce y nos da nuestra alimentación y es nuestro sustento, así déjenos, Presidenta, así déjenos nuestro territorio, nuestra bahía. Esa es nuestra forma de vida como pueblos originarios”, demandó.
Por otro lado, indicó que el proceso de consulta previo no cumplió con las condiciones previstas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que las consultas a pueblos indígenas deben realizarse de manera previa, libre, de buena fe, informada y culturalmente adecuada.El representante de Ohuira sostuvo que las comunidades asentadas alrededor de la bahía, y que promovieron recursos legales contra el proyecto, no otorgaron su consentimiento para la instalación de la planta, pues el Gobierno consultó a comunidades alejadas de la zona donde se desarrollaría el proyecto.
El proyecto de GPO serviría al Gobierno para producir fertilizantes y reducir la dependencia de importación de amoniaco.
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