Este viernes se venció el contrato del gobierno del presidente Donald Trump con los proveedores de servicios jurídicos
EFE.- Alrededor de 24 mil menores migrantes que ingresaron solos a Estados Unidos están en riesgo de quedarse sin representación legal y exponerse a la deportación desde este viernes, cuando se vence el contrato del gobierno del presidente Donald Trump con los proveedores de servicios jurídicos, denunciaron activistas.
El Fondo para Defender a Nuestros Vecinos (Defending Our Neighbors Fund, en inglés) declaró que desde noviembre de 2025, la Casa Blanca ha retenido los pagos a los proveedores de servicios legales que representan a menores no acompañados.
La situación se agravará desde este viernes, 31 de julio, fecha en la que se expiran los contratos con los proveedores de asistencia legal.
Funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos y encargada de supervisar los albergues que acogen a los menores, aseguraron que se ha ofrecido a prorrogar el contrato vigente siempre y cuando los proveedores compartieran información sobre sus clientes, según información citada por The Washington Post.
Los abogados y organizaciones que proveen los servicios se han negado a compartir la información, alegando que esto viola los derechos de los menores a una representación justa.
El fondo recalcó que, a pesar de que ha proporcionado recursos de emergencia para ayudar a varios de estos proveedores a continuar representando a sus clientes, sin una acción federal inmediata para renovar el contrato, se espera que miles de niños migrantes que ingresaron solos al país enfrenten el riesgo inminente de perder a sus abogados.
En ese sentido, Melissa Lopez, directora ejecutiva de Estrella del Paso, una red de proveedores legales con más de 20 años, dijo que el gobierno Trump intenta eliminar el programa “porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”.
Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora y cofundadora del Immigrant Defenders Law Center, una organización de California, señaló que el fin de los contratos no solo priva a los niños de tener abogados sino que elimina uno de los pocos mecanismos eficaces de control frente a las malas prácticas gubernamentales.
“(El fin del programa) forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las protecciones legales, los mecanismos de supervisión y las garantías constitucionales que frenan el poder gubernamental sin restricciones”, añadió la activista.
Meena Shah, directora de Legal Services en The Door, recordó que los jueces de migración están avanzando con los casos, haya o no representación legal, lo que aumenta la necesidad de que se cuente con un abogado.
“A partir del lunes por la mañana, se ordenará la deportación de niños sin representación en todo Estados Unidos“, vaticinó.
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