
Una reunión entre familiares probablemente afectados por el hallazgo de casi 400 cuerpos en el crematorio Plenitud y el fiscal estatal en la Zona Norte, Carlos Salas, concluyó ayer con el acuerdo de un próximo encuentro dentro de un mes y un “voto de confianza” a la autoridad, informó Miguel Villanueva, integrante de la agrupación denominada Memoria, Dignidad y Justicia.
En entrevista, Villanueva dijo que solicitaron al funcionario explicar por qué la dependencia perdió el amparo ante la defensa del propietario del negocio –José Luis A. C.- si después pudo evitarlo en el caso del empleado de una funeraria también acusado de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres.
“Dijo ‘pues es error del juez’ y que ‘ya no fue error de nosotros, porque las carpetas están bien organizadas’”, dijo Villanueva, que también mencionó el plazo estimado por el funcionario para la resolución del recurso interpuesto ante el amparo ganado por A. C.
“Supuestamente, más o menos un tiempo de tres a seis meses (…) Ellos van a meter presión en ese asunto para poder hacer ágil el recurso”, agregó el deudo, cuya hija y madre fueron veladas en la funeraria Luz Divina.
Antes de la reunión, el grupo de alrededor de siete familiares desplegó mantas en la explanada exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE), en las cuales expresaron cuestionamientos contra el juez federal que anuló el auto de vinculación –Luis Eduardo Rivas- y, por ende, la prisión preventiva de A. C., que era el único acusado por el apilamiento de 386 cuerpos encontrados en junio de 2025.
“¿Tendría la misma ‘limpieza’ de criterio si el cuerpo que fue ultrajado en ese crematorio fuera el de su esposa o el de su hija? ¿Se atrevería a decirnos en la cara que esto es una simple falta administrativa si el dolor fuera suyo? Usted desprecia nuestra tragedia porque no la vive”, se indicó en una de las mantas.
Gabriela Cota, vocera de la FGE en esta Zona, dijo que Salas aclaró dudas de los asistentes con respecto al recurso de revisión interpuesto luego de la pérdida del juicio de amparo.
De acuerdo con el archivo periodístico, A. C. recibió el beneficio de la justicia federal el pasado 13 de febrero, luego de que Rivas determinó que no había delitos en la acusación presentada por la FGE.





