Al menos dos funcionarios estatales y ocho municipales son señalados como posibles responsables de faltas administrativas graves que llevaron a la acumulación de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud, en junio del año en curso.
Los nombres fueron informados por parte de la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de la Función Pública por las omisiones que llevaron al hacinamiento de los cadáveres que debieron ser cremados en un plazo de 48 horas después de su llegada, pero que fueron acumulados en un espacio sin las condiciones para ello en un plazo hasta ahora establecido entre el 7 de marzo de 2022 y el 27 de junio de 2025.
En tres años, tres meses y 20 días, instituciones como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y su representación en la Zona Norte, así como los titulares de las direcciones municipales de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ecología y Regulación Comercial presuntamente faltaron a los principios que rigen el servicio público, de acuerdo con datos provistos a El Diario.
El 26 de junio de 2025, la Policía Municipal de Juárez atendió una denuncia ciudadana en la que se reportó la presencia de olores fétidos y un cuerpo en una carroza fúnebre en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa. Al atender dicha denuncia, los agentes encontraron más cadáveres en el crematorio Plenitud, en 10631 Sur de la carretera Panamericana.
Dieron vista a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que aseguró restos que a la postre sumaron 386 cuerpos en total, de acuerdo con reportes hemerográficos.
El 30 de junio, la Fiscalía imputó a José Luis A. C., dueño de Plenitud, por delitos de acumulación y ocultamiento ilegal de cadáveres, así como a Facundo Teófilo M. R., empleado del lugar. En la audiencia inicial trascendió que el 7 de marzo de 2022 fue el último día en que la Coespris realizó una revisión al lugar.
La Coespris fue cuestionada desde el 29 de junio, en que ofreció una rueda de prensa presidida por su titular, Luis Carlos Tarín Villamar.
El funcionario explicó ese día, uno antes de la acusación formal contra A. C. y M. R., que la comisión había hecho revisiones apenas en febrero de 2025, lo cual difería de los datos de la investigación ministerial.
Al momento del hallazgo del cúmulo de cuerpos, Plenitud no tenía agua potable, energía eléctrica ni control sanitario, además de que su horno estaba fuera de operación y dos cámaras de refrigeración no funcionaban, reveló la Fiscalía.
¿Quién es responsable?
De acuerdo con la Fiscalía General, en la vista de posibles faltas administrativas graves a Función Pública, hay una serie de normas, reglamentos y leyes que el personal al servicio público debió cumplir, y no lo hizo.Se refiere en particular a la Constitución Política de México (artículo 109, sobre responsabilidades administrativas de servidores públicos que faltan a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de su labor); a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por faltas a los principios rectores (que añaden equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito), por incumplimiento de obligaciones, omisión de ejercicio de facultades, ejercicio indebido de funciones, omitir su obligación de informar hechos constitutivos de responsabilidades administrativas, y omisión en denunciar delitos.
También se vio afectado el Convenio de Concertación en Materia de Impacto Ambiental, el cual fue celebrado entre los gobiernos estatal y municipal de Juárez el 24 de mayo de 2019 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de agosto de 2020.
De acuerdo con la Fiscalía, la cláusula Primera del Convenio establece la competencia municipal para evaluar el impacto ambiental de crematorios, lo que establece “responsabilidad directa del Municipio de Juárez sobre el crematorio Plenitud”.
En dicho convenio, se regula la expedición de autorizaciones ambientales por parte del Municipio y la obligación de intercambiar información con el Gobierno estatal, así como la facultad de verificación del Municipio.
Asimismo, se violentaron, a decir de la representación social, la Ley General de Salud (LGS), la Ley de Salud del Estado, el Reglamento de la LGS en materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado y la Ley de Protección Civil del Estado.
La Fiscalía dio vista a Función Pública, y solicitó iniciar investigaciones por posibles faltas administrativas graves en contra de Luis Carlos Tarín Villamar, titular de Coespris, y Maribel Próspero Cobos, titular de la comisión en Zona Norte.
El primero falló en la supervisión general, presuntamente, y en la coordinación institucional, mientras que la segunda debió haber verificado el cumplimiento de las normas sanitarias, y realizaron supervisiones del crematorio Plenitud para emitir las medidas correctivas respectivas.
Se pidió también investigar a Claudia Verónica Morales Medina, directora general de Desarrollo Urbano, por supuestamente no exigir Dictamen de Impacto Ambiental (DIA) y permitir la operación irregular de Plenitud, pues operaba sin licencia de funcionamiento ni dictamen de uso de suelo.
Socorro Yesenia Anaya Retana y César René Díaz Gutiérrez, de Ecología del Municipio, están en la lista, pues el crematorio tenía DIA otorgado el 22 de febrero (durante la gestión de Anaya Retana) y venció el 3 de marzo, por lo que operó dos años, tres meses y 24 días sin dictamen, y la Dirección no verificó la posible renovación. Para la Fiscalía, la acumulación de cuerpos “pudo prevenirse con inspecciones periódicas y la exigencia de renovación del dictamen ambiental”.
Además, no se informó a las demás dependencias del vencimiento del documento.
Por parte de Protección Civil municipal, se solicitó abrir una investigación contra Roberto Briones Mota y Sergio Rodríguez, titulares, pues el 6 de abril de 2022 (durante la gestión de Briones) se emitió una autorización con vigencia hasta el 5 de abril de 2023, en que se afirmó que el crematorio “cumplía con los requerimientos” en la materia.
En el documento se aseguró que se realizarían visitas periódicas, lo que no ocurrió.Finalmente, se dio vista para iniciar procedimientos contra Daniel Pando Morales, Arturo Urquidi Astorga y Óscar Guevara Ramírez, de Regulación Comercial del Municipio, pues la dependencia en ningún momento reguló la actividad comercial de Plenitud, ya fuese con la expedición de una licencia de funcionamiento comercial o inspecciones de verificación, o suspensión de actividades por omisiones en el establecimiento.
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