Ciudad Juárez vive horas críticas. Se cumplen ya 70 de protesta campesina en la Aduana Fronteriza y bloqueos en los puentes Zaragoza y Libre, así como en Santa Teresa y Tornillo-Guadalupe.
Carpas y lonas resguardan a los manifestantes del frío, mientras improvisados calentones de leña se alzan entre el humo, dibujando una frontera semi paralizada.
Los productores aseguran que no cederán mientras el gobierno federal permanezca cerrado al diálogo, y del otro lado, en el lado oficial, ya comenzó una mesa urgente para solucionar, pero cada minuto parece un siglo para los juarenses.
La tensión aumenta con cada hora que transcurre, y lo que comenzó como un reclamo rural amenaza ahora la movilidad y la seguridad de la ciudad. Gasolineras cerradas y compras de pánico anticipan un efecto dominó: la gasolina, vital para patrullas y transporte público, se convierte en un recurso en riesgo, y con ello la tranquilidad de los juarenses.
El empresariado no tarda en reaccionar. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez, encabezado por Rogelio González, advierte que la economía local y la competitividad de la ciudad están en jaque.
Cálculos de la iniciativa privada estiman casi 500 millones de dólares en mercancías varadas por los bloqueos, afectando la importación y exportación, mientras que el flujo diario de 7,600 tráileres, cada uno con cerca de 65 mil dólares en carga, permanece detenido.
“Tienen derecho a manifestarse, pero afectan a terceros con un impacto económico muy fuerte”, señala González. Todos los niveles de gobierno han recibido la presión de la iniciativa privada para abrir los cruces y restablecer la normalidad.
La noche del martes hubo negociaciones en Ciudad de México, sin embargo, aún no hay acuerdo.Ciudad Juárez entra así en una etapa crítica. Movilidad y seguridad están en riesgo, y ya son todas las cámaras y organismos empresariales quienes exigen un alto al secuestro de calles y carreteras. El llamado es claro: la ciudad no puede esperar más.
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