La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) fronteriza se desmarcó de cualquier acuerdo o negociación a nivel nacional al que puedan llegar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) por los operativos supuestamente irregulares de la SACM en establecimientos comerciales en la ciudad.
“Hemos denunciado las acciones arbitrarias y extorsivas emprendidas por la SACM con el apoyo del IMPI, en perjuicio directo de los comerciantes y empresarios del norte del país, así como se ha hecho pública la indiferencia, incluso la posible complicidad de la Concanaco en esta y otras acciones que afectan a nuestros agremiados”, señaló la dirigencia del organismo en Juárez en un comunicado de prensa.
Esta postura, continúa el documento enviado, fue uno de los motivos por los cuales se inició el procedimiento de sanción y posible expulsión promovido desde la organización central.
“Es importante aclarar públicamente que nuestro organismo opera de forma libre, autónoma, responsable, consciente y tutelando siempre los intereses de los comerciantes frente a los intereses personales. Por ello, invitamos Octavio De la Torre (dirigente de la Concanaco) dé un golpe de timón, reconsidere su postura y priorice las necesidades y responsabilidades que le competen como presidente”, expone.
La Canaco local adelantó que se espera formalizar la instalación de una mesa de diálogo con representantes del sector privado, legisladores y otros entes con competencia en el tema, con el objetivo de aclarar dudas, transparentar los procesos, presentar reformas legislativas para garantizar el respeto a la legalidad, además de establecer un mecanismo formal de comunicación.
“Canaco Juárez insiste en que estos ‘operativos’ irregulares amparados en un supuesto convenio, que a la fecha no ha sido mostrado, entre la SACM y el IMPI, así como pretendiendo realizar cobros por supuestas ‘licencia de autor’ en montos arbitrarios, ante la inexistencia de un tarifario previsto en una ley demuestra el vacío legal y el estado de indefensión que existe para comerciantes y empresarios”, puntualiza el comunicado.
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