El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó el miércoles a tres empresas financieras mexicanas de lavar millones de dólares relacionados con el tráfico de fentanilo por parte de cárteles del narcotráfico, mientras el gobierno de Donald Trump sigue adelante con su ofensiva contra el comercio de opiáceos ilícitos.
La medida, que prohíbe algunas transferencias de fondos a las empresas —Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco—, podría aumentar las tensiones entre Estados Unidos y México. El gobierno de Trump ya ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha intentado apaciguar al presidente Trump intensificando las incautaciones de fentanilo en algunas partes de México y transfiriendo a decenas de operativos de los cárteles a la custodia estadounidense.
Las acusaciones no tardaron en llamar la atención en México porque Vector es una gran empresa de corretaje controlada por Alfonso Romo, empresario que fue jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, expresidente mexicano y fundador de Morena, el partido político de izquierda que gobierna el país
Vector rechazó las acusaciones. “Nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión”, dijo la empresa en un comunicado. Añadió que las operaciones señaladas por Hacienda “corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente establecidas”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, en respuesta a la medida del Tesoro, dijo en un comunicado que había solicitado pruebas que vincularan a las empresas financieras con cualquier actividad ilegal, pero que “no se recibió ningún dato probatorio”.
Las transferencias bancarias mencionadas por el Tesoro estadounidense, añadió la secretaría, se habían realizado a empresas legales en China, transacciones que, dijo, “se realizan por miles” entre empresas mexicanas y chinas.
“Queremos ser claros”, dijo el comunicado del ministerio. “De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”.
Añadía que las autoridades mexicanas habían detectado algunas “cuestiones administrativas” que habían originado sanciones, incluidas multas, pero que no constituían lavado de dinero.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que una “mula” de dinero del cártel de Sinaloa había lavado 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector entre 2013 y 2021. El Tesoro también descubrió que, de 2018 a 2024, Vector había facilitado la compra de precursores químicos —que se utilizan para fabricar fentanilo— a China.
Esos años coincidieron con el periodo en que Romo fue jefe de gabinete de López Obrador, de 2018 a 2020. Los informes sobre cualquier vínculo entre funcionarios públicos y cárteles de la droga, por directos o indirectos que sean, son un asunto muy delicado en México. López Obrador no estaba implicado en modo alguno en relación con las acusaciones del Tesoro contra Vector o las otras empresas.
El año pasado, López Obrador arremetió contra las noticias que describían cómo las fuerzas de seguridad estadounidenses habían investigado las acusaciones de que aliados suyos habían recibido millones de dólares de los cárteles de la droga para su fracasada campaña de 2006 y durante su sexenio, que concluyó el año pasado. Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre el expresidente.
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