Los secuestros en México se concentran en 73 de los dos mil 478 municipios y demarcaciones territoriales existentes (apenas el 2.94 por ciento), pero Juárez registró de enero a marzo de 2025 un total de 14 carpetas de investigación abiertas por el delito, de 118 que hay en todo el país.
Dicha cifra representa el 11.86 por ciento nacional en un solo municipio, con lo que esta frontera encabeza la lista de privaciones ilegales de la libertad mayormente con el fin de obtener un rescate o beneficio (secuestro extorsivo), muestran datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Únicamente dos de los casos se registraron con modalidad distinta a la extorsiva, como víctimas con calidad de rehenes. Por esta modalidad en particular se registró que dos hombres adultos y una mujer menor de 18 años fueron las víctimas.
De los 12 casos de secuestro extorsivo se desprende que existen 58 víctimas, entre quienes hay dos mujeres menores de edad, cinco adultas, así como dos hombres menores de edad, 48 adultos y uno de edad no especificada.
En total suman 61 víctimas en tres meses, casi el doble de las 31 del primer trimestre de 2024, y más del triple de las 18 del mismo período de 2023.En todo el país suman 55 municipios con un caso cada uno, así como 11 con dos casos en el primer trimestre del año en curso.
Dos más tienen tres casos cada uno, mientras que tres municipios registraron cuatro carpetas de investigación abiertas.Juárez es el único municipio con 14 casos, y en segundo sitio está Centro, Tabasco, seguido de los tres municipios con cuatro casos: Tapachula, Chiapas; Caborca, Sonora, y Reynosa, Tamaulipas.
Estas cifras son reportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Fuentes de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas informaron a El Diario que con corte al 5 de mayo había en el estado 15 casos de secuestro extorsivo de ciudadanos locales del estado, de los cuales hubo cinco en febrero, tres en marzo y seis en abril, además de los tres (hasta ese momento) de mayo.
Por los casos de ciudadanos locales y de migrantes secuestrados fueron aprehendidas de enero a abril 45 personas (33 en flagrancia y 12 más por mandato judicial), con las que se busca justicia para 76 víctimas en el mismo período.
Dan a plagiarios penas de hasta medio siglo
Siete personas han sido condenadas este año por el delito de secuestro agravado, cinco de ellas por 50 años luego de un juicio oral, una más (el rapero “Fat Flow”) a 33 años luego de que aceptó su culpabilidad en un procedimiento abreviado, y el más reciente, Roberto Celestino F. L., quien espera aún saber el tiempo que pasará en prisión por un delito cometido en la zona Centro del estado.
Ese tipo de castigos son los que la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro tiene contemplados, e inclusive más severos, pues las penas máximas son de 80 años en un secuestro sin agravantes y 90 en los casos con características que agravan el delito.
El 9 de mayo del año en curso la Fiscalía General del Estado (FGE) informó del fallo condenatorio contra el secuestrador de un doctor en Valle de Allende, Roberto Celestino F. L.En este hecho ocurrido en 2023 diversos participantes se repartieron las funciones (incluido el sentenciado) para privar de la libertad a la víctima, a quien mantuvieron en cautiverio por varios días a la intemperie mientras exigían un pago por rescate.
La Fiscalía informó que por el delito de secuestro agravado, F. L. podría recibir desde 50 años de prisión hasta 90. Según la “Ley Antisecuestros” a quien prive de la libertad a otro se le aplicarán de 40 a 80 años si tiene un propósito de obtener un beneficio, de darle calidad de rehén a la víctima, de hacerle daño o perjuicio, o para robar o extorsionar (que es catalogado como secuestro exprés).
No obstante, el delito se agrava y las penas suben de 50 a 90 años cuando se realiza con violencia, en grupos de dos o más personas, habiendo allanado un inmueble, a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres; y de 50 a 100 años para quienes lo cometan y sean servidores públicos, o tengan vínculos con la víctima, la torturen o muera debido a lesiones consecuencia del secuestro.
La agravante más severa existe cuando se asesina deliberadamente a la víctima, y cuando ocurre, las penas van de los 80 a los 140 años por cada participante del hecho.Entre las demás personas sentenciadas están Erika Janet T. A. y Francisco Manuel T. S. (50 años de sentencia en juicio oral), Jesús Antonio M. M. (rapero “Fat Flow”) y Omar M. P. (33 años y 4 meses, en procedimiento abreviado), y Eduardo Javier M. H., Brayan Alejandro E. H. y Kevin R. D. (50 años en juicio oral).
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