EL PASO, Texas – Los senadores del estado de Texas han aprobado el proyecto de ley número 8, el cual requiere que los alguaciles de condados con una población de más de 100,000 personas colaboren con las agencias federales en asuntos migratorios.
Ante la crisis migratoria en la frontera sur, funcionarios estatales han aprobado una ley que exige a las autoridades locales colaborar con los agentes federales en cuestiones migratorias. Sin embargo, los elementos de la oficina del alguacil carecen de la capacitación y los recursos necesarios para llevar a cabo estos operativos.
“No tenemos ningún tipo de entrenamiento sobre leyes migratorias, hay más de 100 tipos de visas disponibles que permiten que las personas estén aquí legalmente. Necesitamos una capacitación, y eso es muy importante.” dijo el alguacil del condado de El Paso, Óscar Ugarte.
Por su parte, el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, indica que los funcionarios del estado toman decisiones sin analizar cómo afectarán a las comunidades fronterizas.
Advierte que el condado podría enfrentar más demandas por parte de familiares u organizaciones pro-migrantes, ya que no tienen los conocimientos necesarios para aplicar las leyes migratorias federales.
“La capacitación primero es muy compleja, ya que puede haber demandas. Por ejemplo, si hacen un error y deportan a alguien a México, el condado puede ser demandado. Se requieren muchos fondos para esa capacitación y, además, esto generaría más personas en la cárcel,” dijo Samaniego.
Por su parte, los elementos de la oficina del alguacil continuarán operando de la misma manera, ya que su prioridad es asegurar la seguridad de la comunidad y castigar a los criminales que cometan delitos.
“El enfoque no cambiará, seguiremos enfocados en los crímenes locales y estatales. Tenemos mucho trabajo, y nuestra prioridad es la seguridad de esta comunidad. Seguir todas las leyes estatales es un requisito” menciono Ugarte.
Se espera que esta semana el proyecto de ley llegue a la Cámara de Representantes y, en caso de ser aprobado, solo necesitaría la firma del gobernador de Texas para convertirse en ley.
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