El abogado John M. Eubanks, presentó una carta para buscar impedir que los recursos que le sean asegurados al narcotraficante queden en poder exclusivo del gobierno de Estados Unidos
Previo a la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, programada para el 20 de julio, familiares de las víctimas de la masacre en Sonora en 2019 pidieron el juez Brian Cogan ordene al gobierno de Estados Unidos les brinde información sobre los bienes del líder y cofundador del Cártel de Sinaloa.
El abogado John M. Eubanks, del despacho Motley Rice, presentó una carta ante la Corte del Distrito Este el pasado 7 de julio para buscar impedir que los recursos que le sean asegurados a “El Mayo” Zambada queden en poder exclusivo del gobierno de Estados Unidos y que las víctimas de actos de terrorismo puedan tener acceso a estos para cobrar la indemnización a la que tienen derecho.
Además, pide al juez Cogan que se preserve el derecho de las víctimas a reclamar activos conforme a la Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés).
En la carta de cinco páginas, Eubanks explica que si bien la masacre ocurrida en Sonora se atribuyó al Cártel de Juárez, se presume que el acusado facilitó asistencia material con hombres y armas que se emplearon para emboscar, abrir fuego y asesinar a los seres queridos de las familias demandantes.
Recuerda que las familias promovieron y ganaron un juicio civil promovido en contra del cártel de Juárez (Miller v. Juárez Cartel) y que quedó registrado ante la Corte en septiembre de 2023.
El abogado Eubanks señala que “El Mayo” Zambada es presunto agente o instrumento del Cártel de Juárez y hace mención de una postura del Congreso de Estados Unidos, la cual dice que los activos bloqueados de una parte terrorista (incluida cualquier agencia o instrumento) “estarán sujetos a ejecución o embargo en auxilio de la ejecución” para satisfacer una sentencia por daños compensatorios derivada de un acto de terrorismo.
Además, expresa su preocupación ante las versiones del gobierno respecto a que el acusado “no tiene activos identificado”, cuando se trata de uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo, que ha “obtenido ganancias de miles de millones de dólares”.
Ese mismo día, el 7 de julio, los abogados de los demandantes conversaron con Laura Mantell, fiscal federal adjunta para el Distrito Este de Nueva York, y con Cody Brooks, de la Oficina Ejecutiva de Fiscales Federales y les informaron que hasta entonces, no habían identificado bienes contra los cuales pretendían proceder.
Según el acuerdo de culpabilidad, señalan los abogados de las familias, el acusado tiene la obligación de proporcionar al gobierno una declaración financiera veraz y completa de sus bienes 60 días antes de la sentencia.
Por lo anterior, solicitan al juez emita una orden preliminar de decomiso y que autorice a las familias tener acceso limitado al estado financiero que se le haya requerido.
También le piden al juez Cogan que ordene al gobierno entregar (bajo reserva si es necesario) la declaración financiera presentada por “El Mayo” Zambada si es que existe.
Como cuarto punto, solicitan al juez de la Corte del distrito Este aclarar que la emisión de cualquier orden preliminar no menoscaba los derechos de las familias a embargar los bienes bloqueados ni otras medidas, conforme a la Ley TRIA.
Y finalmente, le piden ordenar al gobierno que le informe a las familias de cualquier activo asegurado al acusado
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