Un juez federal suspendió el cierre que había dado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en abril pasado a la Recomendación 111VG/2023 hacia el Instituto Nacional de Migración (INM) sobre las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023.
La resolución del juez significa que la CNDH deberá continuar con la verificación del cumplimiento de la recomendación y coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para garantizar atención médica, psicológica y tanatológica especializada a las víctimas del incendio, la cual fue celebrada por las organizaciones sociales que apoyan a las víctimas y familiares.
Esa noche se encontraban 82 personas migrantes de origen extranjero bajo resguardo del INM, 67 hombres y 15 mujeres, en áreas distintas de la estación del puerto fronterizo Lerdo, en donde, según las cámaras de seguridad, el personal responsable decidió no abrirles la puerta cuando comenzó el incendio, lo que provocó que 40 hombres perdieran la vida y 27 más sufrieran secuelas físicas y psicológicas, mientras que las 15 mujeres lograron salir ilesas pero con daños emocionales.
“Tras la decisión de la CNDH, notificada en abril de este año, de dar por cumplida la recomendación para el Instituto Nacional de Migración, la resolución del juez vuelve a colocar a las víctimas en el centro y obliga a revisar si realmente se han cumplido las medidas ordenadas”, celebraron el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), la Clínica Jurídica Alaide Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Ibero, Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
“A más de tres años de la tragedia, seguimos acompañando a sobrevivientes y familias en su lucha por verdad, justicia y reparación”, destacaron tras lo que señalaron como una victoria para las víctimas.
Al mantenerse vigente la recomendación, se les deberá brindar atención de manera gratuita y, en su caso, en los países de origen de las víctimas, hasta que alcancen su recuperación física, psicológica y emocional.
“Esta decisión pone nuevamente a las víctimas al centro, las organizaciones acompañantes y defensoras continuaremos luchando a su lado por la justicia”, apuntaron.
De acuerdo con la propia CNDH, “el 27 de marzo de 2023, en el área de varones de la estancia provisional migratoria del INM en Ciudad Juárez, se encontraban 67 personas del sexo masculino, a las cuales no se les garantizó una estancia digna y de respeto a sus derechos humanos, ya que las personas servidoras públicas del INM omitieron proporcionar condiciones adecuadas para permitirles hacer frente a sus requerimientos básicos durante el tiempo que duraría su estadía, además de que personal del INM en su calidad de garante, omitió cumplir con la obligación positiva que implicaba llevar a cabo todas las gestiones y acciones preventivas, necesarias y razonables para salvaguardar la vida e integridad y seguridad personal”.
Por otro lado, se acreditó responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, quien tiene la atribución de formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien, a través de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, cuenta con funciones de coordinación de las políticas, programas y acciones de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal en materia migratoria.
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