La Red por los Derechos de la Infancia en México presenta informe donde expone que, aunque las instituciones gubernamentales están obligadas a evaluar las políticas públicas para atender a los menores migrantes, no se puede confirmar si los ejercicios de monitoreo realmente funcionan.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante 2025 ingresaron a México al menos 15 mil 172 niños y adolescentes migrantes, de los cuales 970 viajaban solos, de acuerdo con la Unidad Política Migratoria (UPM) del gobierno federal.
Estados Unidos es el destino principal de los menores de edad que se ven obligados a abandonar su país de origen, donde en la mayoría de los casos se deriva de una decisión de los padres o familiares con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida.
Durante su desplazamiento los pequeños migrantes se enfrentan a situaciones de discriminación, exclusión, explotación, trata y violencia sexual.
La intensificación de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump ha sumado riesgos como las detenciones arbitrarias, inaplicabilidad de los protocolos y tratados internacionales para la protección de menores de edad e incluso la denegación del derecho de asilo dejando a la intemperie sus derechos humanos.
Ante este panorama, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó el “Informe comparativo sobre los sistemas nacionales de protección para infantes y adolescentes en contextos de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y el Salvador”.
La Redim, mediante el proyecto regional REDES, destaca la importancia de construir mecanismos que prevengan, acompañen y protejan a los menores de edad.
Entre los hallazgos “positivos” se confirmó que, desde 1990, las cuatro naciones están alineadas con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), lo que ha permitido el desarrollo de políticas y protocolos enfocados en infancias y adolescencias en contextos de movilidad.
En el caso de México se cuenta con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (PRONAPINNA), así como la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración.
Si bien es importante la existencia de estas normativas gubernamentales, también se deben tener instituciones encargadas de llevar a cabo dichos instrumentos.
Como máxima autoridad, en México está el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante la Procuraduría Federal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
También cuenta con el Sistema de coordinación interinstitucional y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
También opera el Instituto Nacional de Migración (INM) y prevé el reconocimiento de la condición de refugio y protección internacional mediante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Además, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Debilidad institucional
Sin embargo, en estas instancias los niños y adolescentes tienen una participación limitada y esporádica.
Aunque todas las instituciones están obligadas a evaluar las políticas públicas, el informe identificó que no se puede confirmar si los ejercicios de monitoreo realmente supervisan, si se considera la opinión del propio niño o adolescente al momento de establecer las medidas de protección.
A ello se suma la falta de evaluación del cumplimiento de los planes de restitución de derecho, así como la dirección del financiamiento, ya que se queda en aspectos operativos, en lugar de ser invertido en programas para garantizar la protección de los pequeños migrantes.
En relación con los registros sobre este contexto, se identificó que la mayor parte de la recopilación de datos se enfoca únicamente en cuestiones de gestión fronteriza y seguridad nacional, sin tomar en cuenta información sobre su situación familiar o alguna necesidad de salud, lo que genera una brecha al momento de crear políticas públicas.
Recomendaciones
El proyecto regional REDES, junto con Redim, enlista una serie de recomendaciones para orientar a los sistemas nacionales de protección de niños y adolescentes en México tomando en cuenta el desarrollo del modelo transnacional de protección.
- Reforzar el liderazgo de Sipinna.
- Fortalecer coordinación con países de origen.
- Garantizar estabilidad institucional.
- Reforzar mecanismo de identificación de perfiles de infantes y adolescentes en contexto de movilidad.
- Convocar la reunión del Sipinna Nacional en este año.
- Asignar presupuestos específicos para cumplir con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Asegurar seguimiento integral y coordinado a los planes de restitución de derechos a mediano y largo plazo.
- Promover la generación de datos desagregados y la interoperabilidad de los sistemas de información.
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