Osvaldo N. M. rechazó la oferta de 14 años y ocho meses de prisión que la Fiscalía General de la República (FGR) le hizo a cambio de aceptar la responsabilidad penal por la elaboración y colocación de supuestas bombas molotov en la plaza comercial Gran Patio Zaragoza en 2023.
“Sigamos con la audiencia para irme a juicio oral”, le respondió el acusado a la jueza penal federal Victoria Alejandra Espinoza Alaniz, luego de que le dio tiempo para escuchar al agente del Ministerio Público Daniel Bohórquez Calvo y pensar sobre el ofrecimiento.
El agente le dijo que de asumir la culpa, además de evitarse penas mayores si es hallado culpable, podría salir en la mitad de los 14 años por no tener antecedentes penales, y evitaría que se discutiera el descarte de pruebas a su favor de continuar con la audiencia intermedia.
Osvaldo la rechazó y siguió la acusación formal: presuntamente, el acusado elaboró y colocó una bomba molotov en Gran Patio Zaragoza el 14 de abril de 2023 a las 9:30 de la noche, y otras cuatro en la sala 7 de proyección en Cinépolis de la misma sala el 19 de mayo de aquel año a las 9:05 de la noche, de las cuales una estalló, provocando “alarma, temor y daños y afectando la seguridad nacional”, a decir del Ministerio Público Federal.
Con ello, además de haber presuntamente cometido delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es acusado de terrorismo.
La Fiscalía federal presentó como pruebas testimoniales y peritajes de la Fiscalía General del Estado e inspecciones de objetos asegurados a Osvaldo, como dos boletos del cine con horarios de 1:00 de la tarde y 8:00 de la noche.
Asimismo, hay pruebas de que N. M. no tenía permisos para poseer ni fabricar explosivos, lo que comprobarán con el testimonio de personal del Ejército, ente que regula la posesión y portación de armas de fuego.
El Ministerio Público Federal luego escuchó la prueba ofrecida por la defensa particular de Osvaldo, a cargo de los abogados Paul Crisóstomo y Ramón García Ortega.
La representación social buscó excluir las pruebas de su contraparte al afirmar que estas habían sido ofrecidas fuera de tiempo y forma, pese a que al ente público se le dieron dos años y medio para formalizar su acusación, según respondió la defensa.
Al corte de esta edición, a las 7:00 de la tarde, la audiencia continuaba, por lo que se desconoce si se fijó fecha y qué pruebas fueron descartadas en el auto de apertura a juicio oral.
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