INDIGENAS EN BOGOTA DENUNCIAN QUE GRUPOS ARMADOS OPERAN EN SUS TERRITORIOS

“Aquí no venimos a exigir unos carros blindados o una seguridad para los líderes, sino en general para el pueblo entero”, declaró a The Associated Press, Olmes Valencia, coordinador político del Movimiento los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame. “Pensamos estar el tiempo necesario para que nos escuchen”, agregó.

Llegaron el lunes en sus tradicionales chivas, buses típicos del país, desde los departamentos de Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador, y se instalaron en la Plaza de Bolívar, donde confluyen el Congreso y las altas cortes, buscando captar la atención del gobierno nacional.

“Hemos hecho varias exigencias, una toma de la vía Panamericana, recuperaciones de tierra, pero no hemos sido escuchados, entonces venimos a Bogotá a que nos escuchen”, explicó Valencia.

En la Plaza de Bolívar, las comunidades indígenas se resguardan debajo de carpas hechas con bolsas plásticas e instalaron ollas grandes en las que cocinan para los manifestantes.

Su campamento improvisado no cuenta con comodidades, pero aseguran que en su territorio carecen de garantías para tener acceso a la tierra, educación y salud, además de vivir bajo la zozobra de los grupos armados.

Edwin Chávez Rivera, consejero mayor de las comunidades indígenas del departamento de Nariño, aseguró a la AP que la protesta no es contra el gobierno, al contrario, dijo que apoyan al presidente y las reformas sociales que impulsa en el Congreso. Sin embargo, piden que se cumplan acuerdos ya pactados.

“Los acuerdos que no se han cumplido tienen que ver con derechos fundamentales como la educación, derecho a la tierra, inversión social en agricultura”, indicó Chávez, quien considera que los procesos se han interrumpido por los constantes cambios de personal en los ministerios.

Petro cambió recientemente a la mayoría de su gabinete luego de una crisis que quedó en evidencia en un consejo de ministros que fue televisado, en el que pidió acelerar la ejecución del gobierno y recibió críticas.

“Nos afecta directamente porque los procesos tienen que continuar, tienen que dar un avance, no podemos ser objeto de los remezones ministeriales, lo cual afecta directamente a las comunidades”, explicó Chávez.

Las comunidades que llegaron hasta Bogotá aseguran que no se sienten representadas por las organizaciones indígenas más grandes del país y que tradicionalmente llevan la vocería con el gobierno. Alegan conflictos internos entre los mismos grupos indígenas.

Tanto en Cauca como en Nariño los pueblos indígenas y la comunidad en general sufren los efectos de la presencia de los grupos al margen de la ley. En las últimas semanas, las autoridades han reportado la detonación de explosivos, hostigamientos y ataques en municipios del Cauca.

Allí están presentes facciones disidentes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al histórico acuerdo de paz firmado con el Estado hace ocho años, y de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

“Dentro de eso la población civil es la que padece, en medio de esta confrontación, prácticamente el reclutamiento de los niños en cualquiera de los dos bandos y también del reclutamiento de las fuerzas militares”, lamentó Valencia.

El gobierno, a través del Ministerio del Interior, aseguró que está atendiendo a las comunidades indígenas para trazar una hoja de ruta que permita tramitar sus solicitudes.