
Cuando Juárez y El Paso creen haber recuperado el ritmo —ese vaivén diario de tráileres, comercios y familias que cruzan sin pensar— vuelve la amenaza de otro paro.
Una sensación conocida que no es otra que la de la frontera entera, otra vez, convertida en rehén de un conflicto que empieza a desbordar lo agrícola y a tomar forma de presión política. Y con ello, el riesgo de un nuevo golpe económico que nadie en esta región puede darse el lujo de soportar.
Anoche, tras tres días de mesas de trabajo en la Ciudad de México, los agricultores que integran el Movimiento Agrícola Campesino en México anunciaron un paro nacional para el martes 16 de diciembre. La advertencia llegó en una transmisión en vivo: “Las cosas se están poniendo difíciles… tenemos que hacer la fuerza para lograr lo que queremos”, señalaron, insistiendo en que aumentarán la presión “porque ahora nos van a escuchar”.
El llamado ocurre después de seis días de bloqueos en los cruces comerciales entre Chihuahua y Estados Unidos, una parálisis que frenó la exportación, colapsó filas de tráileres y dejó pérdidas millonarias para empresas y transportistas, y sobre todo, provocó enojo entre los juarenses.
El fin de semana pasado, los productores chihuahuenses aún confiaban en que la nueva Ley General de Aguas podría frenarse antes de su promulgación; sin embargo, el panorama cambió con el avance legislativo. Eso es lo que dicen.
Durante las reuniones en la capital, los agricultores se centraron en revisar con abogados el documento de 510 páginas aprobado por el Congreso y en reiterar su preocupación por la inseguridad en las carreteras, donde —afirman— en promedio 28 transportistas son víctimas diarias de la violencia.
También exigieron precios justos para maíz y trigo, y criticaron la facilidad con la que grandes empresas importan granos, asegurando inventarios por meses.
Mientras tanto, en la frontera nadie sabe qué tan profundo será el impacto del nuevo paro. Lo que sí es claro es que cada jornada de bloqueos deja a juarenses y paseños atrapados entre la protesta y la economía, obligados a pagar el costo inmediato de una disputa nacional que, día a día, se carga más hacia el terreno político que al agrícola.





